Un estudio evaluó a 391 hogares de Pueblo Nuevo, aplicando la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria. Los resultados exponen que solo cinco hogares fueron clasificados con seguridad alimentaria adecuada.
Por Jaime Luna Carrascal y Deiby Luz Pertuz Guzmán
En las últimas décadas, la inseguridad alimentaria ha dejado de ser un problema aislado y se ha convertido en una condición estructural para millones de personas en el mundo. Según datos recientes reportados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), más de 2.300 millones de personas enfrentan algún grado de inseguridad alimentaria, y cerca de 924 millones viven en condiciones graves de hambre. A pesar de los esfuerzos internacionales, el panorama sigue siendo desalentador: se estima que el 8 % de la población mundial continuará padeciendo hambre en 2030.
En América Latina, particularmente en Colombia, este fenómeno ha adquirido una dimensión alarmante. El conflicto armado, la desigualdad estructural, el abandono estatal y las condiciones territoriales adversas han agudizado la crisis en las zonas rurales. Córdoba es uno de los departamentos más afectados, pues encabeza las estadísticas nacionales con una prevalencia de inseguridad alimentaria del 70 %, superando incluso a territorios históricamente golpeados como La Guajira (50 %) y Chocó (45 %).
En este contexto, un estudio evaluó la situación alimentaria de 391 familias en el municipio de Pueblo Nuevo (Córdoba), con la aplicación de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA). La investigación reveló una realidad crítica: el 99 % de las familias vive en algún grado de inseguridad alimentaria y solo cinco hogares fueron clasificados con seguridad alimentaria adecuada.
“A pesar de contribuir a la producción alimentaria, los campesinos no logran satisfacer su propia demanda de alimentos, lo que los lleva a llevar dietas no saludables. El autoabastecimiento de algunos alimentos está limitado y está directamente relacionado con la desigualdad económica”.
Bajos ingresos y desprotección
El estudio de investigadores de la Universidad de Córdoba y la Universidad Simón Bolívar identificó varios de los factores que inciden directamente en la inseguridad alimentaria de las familias: bajo nivel educativo, ingresos mensuales inferiores al salario mínimo legal, hogares numerosos y condiciones de vida precarias, caracterizadas por viviendas inadecuadas, acceso limitado a servicios públicos básicos y entornos con altos grados de vulnerabilidad social.
Entre los encuestados, el 54,5 % había cursado estudios de primaria y el 22,5 % era analfabeta; el promedio de ingresos mensuales era de $288.000 colombianos (unos US$74), cifra muy inferior al costo de una canasta básica; el 100 % pertenecía al estrato socioeconómico 1 y muchos habitaban viviendas con piso de tierra o arena, sin acceso adecuado a servicios básicos.
El 86,7 % de las personas encuestadas fueron mujeres dedicadas al trabajo doméstico, dato que evidenció un patrón frecuente en comunidades rurales: la responsabilidad alimentaria y del hogar recae sobre las mujeres, sin que eso implique acceso a recursos económicos o programas de apoyo.
Los resultados también mostraron que la mayoría de los adultos manifestaron preocupación constante por la disponibilidad y variedad de alimentos. Muchos admitieron haber comido solo una vez al día durante los tres meses anteriores al estudio: 235 familias (60 %) sufrían inseguridad alimentaria grave, mientras que 92 presentaban inseguridad moderada. Esto implica una reducción drástica en la cantidad de alimentos disponibles y una dieta pobre en nutrientes, con posibles consecuencias en el desarrollo físico y cognitivo de los menores.
Otra observación relevante fue la relación directa con el nivel educativo: a menor escolaridad, mayor era la inseguridad alimentaria en el hogar. Lo mismo ocurrió con el ingreso familiar y el tipo de ocupación: los trabajos informales o inexistentes aumentaban significativamente el riesgo de pasar hambre.
86,7 % de las personas encuestadas fueron mujeres dedicadas al trabajo doméstico, un patrón frecuente en comunidades rurales: la responsabilidad alimentaria y del hogar recae sobre las mujeres, sin que accedan a recursos económicos o programas de apoyo.
La paradoja del campo
Con más del 50 % de su población en situación de pobreza multidimensional, Pueblo Nuevo es uno de los focos prioritarios del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 de Córdoba. Sin embargo, investigaciones como esta, que profundizan en los factores estructurales que afectan a las comunidades rurales, evidencian la persistencia de brechas sociales y económicas no atendidas por las políticas públicas. Estos estudios ofrecen datos concretos, análisis contextualizados y recomendaciones basadas en evidencia que pueden orientar la formulación de estrategias más eficaces, inclusivas y adaptadas a las realidades del campo colombiano.
A pesar de la riqueza natural, geográfica y cultural del campo, el abandono estructural que afecta a las comunidades productoras de alimentos se refleja en que no tienen garantizado su derecho a la alimentación. Esta paradoja de quienes cultivan y no se alimenta bien es uno de los ejes centrales del problema: la atención estatal ha sido más visible en las zonas urbanas o periurbanas, dejando al campesinado en una posición de vulnerabilidad extrema.
En la discusión final, los autores enfatizamos que la inseguridad alimentaria es un fenómeno complejo y multidimensional. No se trata solo de aumentar la producción de alimentos, sino de garantizar acceso, distribución equitativa, educación nutricional, empleabilidad digna y acompañamiento estatal. Es necesario un enfoque integral que involucre a las instituciones gubernamentales, organizaciones comunitarias y al sector académico para diseñar e implementar soluciones sostenibles.
Además, proponemos fortalecer los programas de asistencia social alimentaria, especialmente aquellos dirigidos a niños, adolescentes y mujeres cabeza de hogar. También planteamos la necesidad de crear alternativas de ingreso familiar, fomentar el autoabastecimiento y mejorar la infraestructura rural, incluyendo vías de acceso, saneamiento y servicios públicos.
El conocimiento generado por esta investigación pretende servir como punto de partida para el diseño de políticas públicas más eficaces y sensibles a las realidades del contexto rural, considerando que la pobreza y el hambre están profundamente interrelacionadas en las zonas rurales de Colombia. Cualquier estrategia orientada a resolver esta problemática debe reconocer y abordar de manera integral dicho vínculo estructural. Aunque el estudio se centró en un solo municipio, los hallazgos resultan extrapolables a muchas otras regiones del país que enfrentan condiciones estructurales similares. La experiencia de Pueblo Nuevo es un reflejo de la Colombia rural invisible, marginada y en crisis, que demanda una atención urgente desde un enfoque humano, ético y con una visión de desarrollo sostenible a largo plazo.
Para consultar más: Pertuz-Guzmán, D. L., Chams-Chams, L. M., Valencia-Jiménez, N. N., Arrieta-Díaz, J., & Luna-Carrascal, J. (2025). Comprendiendo la inseguridad alimentaria en familias rurales: un estudio de caso en Pueblo Nuevo (Córdoba, Colombia). Atención primaria, 57(4), 103109. https://doi.org/10.1016/j.aprim.2024.103109
PERFIL CIENTÍFICO
Grupo de investigación Gycefina, categoría A1. Centro de Investigaciones en Ciencias de la Vida (CICV).
Profesor e investigador, M. Sc. en Biología y Ph. D. en Toxicología Ambiental.
Deiby Luz Pertuz Guzmán
Grupo de Investigaciones Microbiológicas y Biomédicas de Córdoba (Gimbic), categoría A. Universidad de Córdoba.
Investigadora, especialista en Auditoría de la Calidad en Salud y M. Sc. en Salud Pública.