El exjuez Baltasar Garzón y Dolores Delgado García, exministra de Justicia de España, participaron en el XI Congreso Internacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Unisimón.
La jurisdicción universal, entendida como la capacidad de cualquier Estado de perseguir crímenes contra la humanidad, fue el eje de la conversación entre el exjuez Baltasar Garzón Real y Dolores Delgado García, exministra de Justicia, invitados al XI Congreso Internacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Simón Bolívar. Ambos analizaron su vigencia frente a los crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza, en el conflicto entre Israel y Palestina, y advirtieron sobre un debilitamiento de los mecanismos internacionales creados tras la Segunda Guerra Mundial.
Durante décadas, la humanidad construyó un sistema jurídico que enfrentó los crímenes más graves y se estrenó en los juicios a los altos mandos militares y civiles de la Alemania nazi y Japón, tras la Segunda Guerra Mundial. Este marco enfrenta retrocesos en un escenario donde vuelven a aparecer hechos similares a los del pasado. “Pareciera que solo teníamos que referirnos a ese crimen en los libros de derecho o de historia y, sin embargo, estamos viviendo un genocidio en directo en Gaza”, lamentó Garzón.
Delitos como genocidio, tortura y desaparición forzada afectan a toda la humanidad. Por eso, cualquier país con ese principio incorporado en su legislación puede investigar y juzgar a los responsables, incluso si ocurrieron en otro territorio.
La noción de jurisdicción universal, según la cual las víctimas de crímenes atroces son universales, obliga a los Estados a actuar más allá de sus fronteras. Sin embargo, los derechos humanos que sustentan la legitimidad de las democracias están siendo desbordados por conflictos armados y decisiones estatales que priorizan intereses particulares, advirtió Delgado. “Los derechos humanos son un logro de la civilización; son necesarios para las democracias porque las democracias se legitiman en el respeto a los derechos humanos; si no, no son democracias”.
El debate referenció las acciones en curso ante tribunales internacionales. Entre esos, el proceso impulsado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por conducta genocida y las órdenes de captura emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su anterior ministro de Defensa, Yoav Gallant.
Los datos muestran la dimensión del conflicto. Hamás lanzó el 7 de octubre de 2023 un ataque en el sur de Israel, por el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes. La respuesta del Ejército israelí fue una campaña militar que, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, desde octubre de 2023 causó las muertes a no menos de 73.035 palestinos en Gaza. De esta cifra, más de 20.000 niños palestinos murieron y más de 44.000 resultaron heridos.
A pesar de ese contexto, los mecanismos internacionales tienen restricciones. La CPI, creada en 1998 mediante el Estatuto de Roma, tiene competencia limitada a los 124 Estados que todavía la conforman. Además, enfrenta presiones políticas y económicas. “Se les imponen sanciones al fiscal y los jueces de la corte, a quienes acepten la competencia de la Corte; es decir, lo que es un derecho creado en el Estatuto de Roma ahora es motivo para que el presidente de los Estados Unidos imponga sanciones económicas, restricción de movimientos y prohibición de entrada”, cuestionó Garzón.
73.035
muertes se han registrado por ataques israelíes en Gaza, según Naciones Unidas, desde octubre de 2023. De esta cifra, más de 20.000 niños palestinos murieron y más de 44.000 resultaron heridos.
Procesos de memoria
La jurisdicción universal es una vía alternativa contra la impunidad. Garzón recordó su aplicación en España en los años 90, cuando se investigaron crímenes de la dictadura argentina. La herramienta permitió juzgar a responsables en tribunales españoles y aportó pruebas que luego facilitaron la reapertura de casos en Argentina.
El concepto sirve para entender desde afuera el caso de Colombia, donde los más recientes procesos de justicia transicional son liderados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Aunque opera en un ámbito nacional, comparte principios con la justicia internacional: hallar verdad y reparación para las víctimas, esclarecer hechos y establecer responsabilidades.
Otro elemento es clave: la justicia restaurativa. “Va más allá de la sanción penal al buscar que los responsables asuman compromisos concretos frente a las víctimas y la sociedad”, explicó Delgado, quien refirió otro concepto: la justicia anamnética (desde los procesos de memoria), que funciona diferente porque se está construyendo.
“Es un error de aquellos que dicen que los procesos de memoria son algo del pasado, porque están en la base de la reconciliación”, precisó la exministra. “No puede haber una reconciliación impuesta, ni olvidos impuestos; tienen que ser asumidos, participativos y generados en una compartición de toda la sociedad”.
La principal amenaza, en palabras de ambos especialistas, es la impunidad representada en los gobiernos que protegen a los responsables de crímenes internacionales. Frente a eso, insistieron en la necesidad de fortalecer la cooperación entre Estados, apoyar a los tribunales internacionales y mantener vigente el principio de jurisdicción universal.
